Abogado de contratos comerciales en EE. UU.

Además de las condiciones habituales de titularidad y reparto de utilidades, un acuerdo operativo transfronterizo debe responder a las preguntas que plantea la distancia: quién tiene facultades para obligar a la empresa y firmar en la cuenta bancaria, cómo se realizan las votaciones y qué se considera notificación entre distintas zonas horarias, qué sucede si un socio no puede obtener una visa estadounidense y cómo se resuelve un bloqueo en la toma de decisiones. Agregue un mecanismo de compraventa entre socios (buy-sell) con un método de valoración, restricciones a la transmisión y una cláusula de ley aplicable y de foro para la resolución de disputas. Sin ellos, un desacuerdo se convierte en una demanda en un país que uno de ustedes nunca ha visitado.

Elija la ley de un estado que tenga una conexión real con la operación y una jurisprudencia comercial predecible; por lo general, el estado donde se constituyó su empresa, aquel donde opera su contraparte, o Nueva York y Delaware para transacciones de mayor envergadura. Es importante porque la ley aplicable determina cómo se interpretan los términos ambiguos, si sus cláusulas de limitación de responsabilidad y de no competencia se mantienen válidas, cuál es el plazo para demandar y si puede recuperar los honorarios de abogados. Dos contratos idénticos sujetos a leyes estatales distintas pueden producir resultados diferentes.

El arbitraje suele ser la mejor opción por defecto para una parte con sede en Turquía, principalmente porque los laudos son ejecutables a nivel internacional conforme a la Convención de Nueva York, de la que son parte tanto Turquía como EE. UU.; una sentencia de un tribunal estadounidense es mucho más difícil de ejecutar sobre bienes en Turquía. El arbitraje además es privado y le permite acordar de antemano el idioma y la sede. Las desventajas son el costo, que puede superar al de un litigio judicial en reclamaciones de menor cuantía, y las posibilidades de apelación muy limitadas. Para contratos recurrentes de bajo valor, puede tener más sentido un tribunal en una jurisdicción conveniente.

Las cláusulas que realmente ayudan son las que generan presión antes del litigio: hitos de pago claros vinculados a entregables, intereses por pagos atrasados, el derecho a suspender el trabajo o retener entregables por falta de pago, una disposición de traslado de los honorarios de abogados (fee shifting) y la retención de la propiedad intelectual o de la titularidad hasta que el pago se haga efectivo. Agregue un procedimiento ágil de notificación y subsanación para poder terminar el contrato limpiamente. Quizás la protección práctica más sólida sea estructural —pagos anticipados y facturación por etapas— y no una cláusula en absoluto.

Sí, y el motivo tiene menos que ver con el pago que con la titularidad y la clasificación. Sin una cesión por escrito, su freelancer en Turquía puede conservar derechos sobre el código, los diseños o el contenido que cree, lo que se convierte en un problema serio durante la due diligence de un inversionista o en una adquisición. El contrato también debe definir claramente la condición de contratista, abordar la confidencialidad, establecer la ley aplicable y especificar la moneda y el mecanismo de pago. Basta con un acuerdo breve y bien redactado; lo que causa daños es no tenerlo.

Puede serlo, pero lo difícil es la ejecución más que la validez: un NDA firmado por una parte en otro país es un contrato válido; la cuestión es si usted puede, de manera realista, obtener y ejecutar una reparación allí. Las decisiones prácticas de redacción marcan la diferencia: una cláusula de arbitraje para facilitar la ejecución transfronteriza, un plazo definido y una definición precisa —no excesivamente amplia— de la información confidencial y, cuando corresponda, una cláusula de daños y perjuicios preestablecidos (liquidated damages), ya que es notoriamente difícil probar la pérdida real derivada de una divulgación.

Una carta de intención recoge las condiciones comerciales que las partes tienen intención de acordar y, por lo general, en su mayor parte no es vinculante, mientras que un acuerdo definitivo crea obligaciones exigibles. El detalle crucial es que la mayoría de las LOI contienen algunas disposiciones que son vinculantes aunque el resto no lo sea; normalmente, la confidencialidad, la exclusividad o la prohibición de negociar con terceros (no-shop) y la distribución de los costos. Los tribunales examinan el contenido y no el título del documento, por lo que una LOI detallada que no diga nada sobre su efecto vinculante puede considerarse un contrato.

Comience por decidir si el distribuidor compra y revende o actúa como su agente, porque esa elección determina los precios, la responsabilidad y el tratamiento fiscal. Luego aborde el territorio y si se otorga exclusividad, los compromisos mínimos de compra que justifiquen la exclusividad, la vigencia y los derechos de terminación, quién asume la responsabilidad por productos y el seguro, el uso de las marcas y el control de calidad, y qué sucede con el inventario y las relaciones con los clientes al terminar el contrato. Verifique también si se aplican leyes estatales de franquicias o de protección de distribuidores (dealer protection): algunos estados restringen su capacidad de terminar la relación con un distribuidor incluso cuando el contrato lo permite.

Un modelo es un punto de partida razonable para documentos de poca importancia, pero una mala opción para cualquier cosa que implique dinero o riesgos reales. Los problemas recurrentes son modelos redactados conforme a la ley de un estado equivocado, cláusulas faltantes o inexigibles, disposiciones copiadas de un contexto de consumo a una operación B2B y términos que se contradicen entre sí sin que se note. El costo de una revisión es pequeño en comparación con la exposición; usar un modelo sin revisar en su principal contrato generador de ingresos es donde esto suele salir mal.

Debe responder por escrito cuatro preguntas antes de que se vuelvan emocionales: si las participaciones se consolidan con el tiempo (vesting) y qué sucede con las participaciones no consolidadas al momento de la salida; si la empresa o los fundadores restantes pueden comprar la participación del socio saliente y con qué método de valoración; si el fundador saliente conserva sus derechos de voto y de información; y qué sucede con la propiedad intelectual que creó. Distinga entre la salida voluntaria, la remoción por causa justificada y la salida por fallecimiento o incapacidad: por lo general, estos casos merecen resultados distintos.

Revise las cláusulas de cesión y de cambio de control, porque son las que lo determinan. Si desea que el contrato continúe, permita la cesión a un sucesor en caso de fusión o de venta de la totalidad o de casi la totalidad de los activos; si desea poder salir cuando su contraparte sea adquirida, negocie en cambio un derecho de terminación por cambio de control. Verifique también si condiciones clave —exclusividad, precios, obligaciones de cumplimiento personal— están vinculadas a personas concretas, ya que pueden perderse en la práctica aunque el contrato técnicamente siga vigente.

En Texas, una cláusula de no competencia es exigible si es accesoria a un acuerdo que por lo demás sea exigible y es razonable en cuanto a duración, área geográfica y alcance de la actividad; por lo general, esto implica un periodo limitado, un territorio definido vinculado al lugar donde el empleado realmente trabajó y restricciones limitadas a la línea de negocio específica. La exigibilidad varía enormemente según el estado, y algunos estados restringen o prohíben casi por completo las cláusulas de no competencia para empleados. Las cláusulas de no captación (non-solicitation) y de confidencialidad suelen ser una protección más confiable, ya que siguen siendo válidas en lugares donde las de no competencia no lo son.

Por defecto, según la ley de derechos de autor de EE. UU., el contratista es titular de lo que crea: pagar por el trabajo no transfiere la titularidad. La figura de "obra realizada por encargo" (work made for hire) solo se aplica a empleados o a categorías específicas enumeradas y pactadas por escrito, en las que no encaja la mayor parte del trabajo de software y diseño. La solución es incluir en el acuerdo una cesión presente y por escrito de todos los derechos, firmada antes de comenzar el trabajo, junto con una renuncia a los derechos morales y la obligación de firmar documentos adicionales. Esta es la cláusula que con mayor frecuencia se omite en los contratos de los fundadores.

Una revisión puntual de un contrato comercial estándar suele implicar una tarifa fija moderada o unas pocas horas de trabajo, y los despachos a menudo cotizan un precio fijo una vez que ven la extensión y la complejidad del documento. Pregunte si la tarifa cubre un resumen escrito de los riesgos, una versión con los cambios propuestos marcados y una llamada para repasarlos, o solo uno de esos tres elementos. En comparación con el costo de una sola disputa de pago o de una cláusula de propiedad intelectual inexigible, la revisión es uno de los gastos legales más económicos que existen.

Sí. El conjunto inicial habitual para una empresa de propiedad extranjera es un acuerdo operativo o de accionistas, un contrato con clientes o de servicios, un NDA y un contrato con contratistas con una cesión clara de la propiedad intelectual. Se cotizan con una tarifa fija para que usted conozca el costo antes de comenzar, y se redactan en conjunto y no por separado, lo cual es importante porque la incoherencia de las cláusulas de ley aplicable y de resolución de disputas entre sus propios documentos es uno de los problemas más comunes que encontramos. Los complementos, como los contratos de distribución o de reventa, se cotizan por separado.